La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales- Asocapitales- rechazó “cualquier acto de violencia, amenaza, intimidación o agresión contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, su familia y su entorno cercano”.

En un comunicado de prensa, la organización de alcaldes precisa que “la violencia contra un mandatario local no es un hecho menor ni un asunto individual". 

“Es una agresión directa contra la institucionalidad democrática, contra la autoridad legítimamente elegida por los ciudadanos y contra la estabilidad de los gobiernos territoriales. Cuando se ataca o amenaza a un alcalde, se pretende afectar no solo a una persona, sino también la gobernabilidad, la confianza ciudadana y el normal funcionamiento del Estado en el territorio”, precisa el comunicado.

Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que “las amenazas contra el alcalde Alex Char son absolutamente inaceptables y deben ser rechazadas con toda contundencia por el país. Lo que está en juego no es solo la seguridad de un mandatario, sino la estabilidad de nuestras instituciones y la democracia misma. Colombia no puede normalizar la intimidación como herramienta política”.

Sostiene Asocapitales que “proteger a los alcaldes y alcaldesas no es un privilegio personal: es una condición necesaria para proteger la democracia local y garantizar la continuidad de la gestión pública”.

La Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales se “solidariza” con el alcalde Alejandro Char, con su familia, con la Administración Distrital de Barranquilla y señala que “ninguna diferencia política, social o institucional puede justificar actos de intimidación, agresión o violencia. En una democracia, las diferencias se tramitan con argumentos, con instituciones y con respeto por la vida, no mediante amenazas ni hechos que busquen generar miedo”.

Se hizo un llamado respetuoso “pero firme” al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado “para que se adopten todas las medidas necesarias de protección, prevención, investigación y judicialización, con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que situaciones de esta naturaleza no se repitan”.